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Carmen Gonzaelez Abogada, Blog

En los procesos matrimoniales contenciosos, fruto del cúmulo de sentimientos y frustraciones propio de estas situaciones y de la dificultad real que suele tener una de las partes para probar los hechos que alega y en los que fundamenta sus peticiones, es muy frecuente aportar al proceso documentos en formato papel u obtenidos a través de medios digitales, que son propiedad de la contraparte.

 

Aportar emails o WhatsApps en los procesos matrimoniales

 

Sin embargo, los emails, los mensajes de móvil o aquellos enviados a través de algún programa como WhatsApp, están considerados al igual que los documentos en papel como un medio de comunicación privado y, en consecuencia, están protegidos como correspondencia inviolable, tal y como la define el art. 18.3 de la C.E.

 

Por ello, la captación de esa prueba, que luego utiliza una de las partes para aportarla a juicio, debe haberse realizado sin incurrir en violación de ningún derecho fundamental.

 

Porque si al obtenerla, ha infringido derechos o libertades fundamentales, no solo esa prueba no debe surtir efecto en el procedimiento judicial ni ser tenida en cuenta por el juzgador, -la haya obtenido directa o indirectamente-, sino que además quien la aporta puede estar incurriendo en el delito tipificado en el art. 197.1 del Código Penal, es decir en un delito de descubrimiento y revelación de secretos, castigado con pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses.

 

El derecho fundamental que se tutela en el precepto citado es el derecho a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, contemplado en el artículo 18.1 de la Constitución española. Este derecho se entiende de forma general como la esfera en la que se desarrollan determinadas facetas reservadas de la persona; así como la privacidad, también en su concepto más amplio y global.

 

Además, para cometer esta infracción penal no se requiere que se haya causado un perjuicio a tercero sino que basta con que uno se apodere de esos documentos, con el propósito, -se consiga o no- de revelar la información que contienen.

 

En conclusión, los documentos cuya propiedad no corresponde a su titular no deben tener acceso a estos procedimientos.

Carmen González Poblet ( @CLCgonzalez )

Abogada de Derecho de Familia en Madrid

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