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Carmen Gonzaelez Abogada, Blog

La vivienda familiar tiene una especial protección en nuestro ordenamiento jurídico, entendiendo por domicilio familiar aquel donde tiene lugar la convivencia de la pareja, aunque no residan permanentemente en ella.

Y se protege atribuyendo su uso en los procesos contenciosos  en primer lugar a los hijos y al progenitor con quien convivan y en  ausencia de éstos si se solicita se puede atribuir a un  cónyuge, normalmente por un tiempo determinado cuyo interés, atendidas las circunstancias concurrentes  lo hicieran aconsejable, por ser su interés  el más necesitado de protección (Articulo 91 y 96 del Código Civil).

¿Pero qué pasa con el uso de las segundas residencias, las casas de la playa,  los locales de negocios  o cualquier otro inmueble que ambos poseen? ¿Los jueces pueden atribuir su uso al  cónyuge al que no se le ha atribuido el de la vivienda familiar?

                        El problema solo se plantea cuando ambas partes no han alcanzado un acuerdo y es el juez el que tiene que pronunciarse sobre este extremo.

Y la respuesta es categórica y contundente: el juez no puede pronunciarse sobre el uso de estos inmuebles, por injusto que parezca. El cónyuge a quién no se le ha atribuido el uso de la vivienda familiar no puede fijar su residencia en este segundo inmueble con amparo judicial.

El Tribunal Supremo en el año 2012, ya dictó sentencia en este sentido, recogiendo el criterio mayoritario que venían declarando las Audiencias Provinciales, pero como se han seguido dictando sentencias contradictorias, nuestro Alto Tribunal con fecha 3 de marzo de 2016, dictó sentencia de unificación de doctrina , dictaminando que en un proceso de separación o divorcio el Juez no puede determinar qué hacer con el uso de ese otro inmueble, sino que el cónyuge que pretenda su uso ,tiene que acudir a otra vía judicial, distinta  puesto que en el proceso de divorcio o separación solo permite dictar pronunciamientos sobre la vivienda familiar.

Para llegar a esta conclusión además de invocar los artículos del Código Civil arriba citados, cita  también el artículo 774.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil :” en defecto de acuerdo entre los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo , el tribunal determinará en la propia sentencia las medidas…… en relación con los hijos,  la vivienda familiar…..”

Y aduce otras razones, entre las que destaco:

  1. a) La atribución de otras residencias de la familia o de otros locales debe efectuarse de acuerdo con las reglas del régimen económico matrimonial que rija las relaciones entre las partes, puesto que no se prevé legalmente que haya que proteger de ninguna forma especial ningún otro interés.
  2. b) O bien que si el régimen económico del matrimonio fuese el de separación de bienes, el problema no se plantearía, porque los patrimonios ya estarían definitivamente fijados.

En definitiva, aunque los preceptos legales no se discuten, están vigentes y hay que aplicarlos, nos deberíamos plantear modificarlos, o al menos dotar de protección legal también otros intereses y necesidades,  para evitar las situaciones injustas que se producen con frecuencia. Es cotidiano a día de hoy, y en los supuestos de atribución de custodia exclusiva a un progenitor, – que todavía son muy numerosos-, que el que tiene que salir de la vivienda conyugal,  tiene  que procurarse  y abonar el alquiler de otra, a pesar de que ser copropietario de un segundo inmueble, y además  pagar la parte proporcional que le corresponda de la cuota de hipoteca del domicilio conyugal y atender a los gastos de ese segundo inmueble que no puede ocupar.

 

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