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Carmen Gonzaelez Abogada, Blog

Hasta el 11.3.14 fecha de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, el reconocimiento o la negación del derecho a esta prestación, dependía de la Comunidad Autónoma en la que la pareja tenía fijada su residencia.

Esta desigualdad dimanaba del art. 174.3 párrafo 5 de la Ley General de la Seguridad Social que textualmente dice: “ En las Comunidades Autónomas con Derecho Civil propio, cumpliéndose el requisito de convivencia a que se refiere el párrafo anterior, la consideración de pareja de hecho y su acreditación se llevará a cabo  conforme  a lo que establezca su legislación específica”.

 

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Tal y como está redactado este artículo contempla dos desigualdades, una en función de si la pareja reside en una comunidad con derecho civil propio o no, y otra por la diferencia de requisitos que para acreditar la existencia de la pareja de hecho exige una comunidad u otra.

Afortunadamente el Tribunal al declarar la inconstitucionalidad de ese párrafo elimina esa diferencia de trato. Considera que el régimen público de la Seguridad Social debe ser único y unitario para todos los ciudadanos, y con ello garantiza el principio de igualdad recogido en la Constitución.

Ahora bien, la propia sentencia, en cumplimiento del también principio constitucional de seguridad jurídica, declara que sólo se puede aplicar la inconstitucionalidad del precepto a los nuevos supuestos que se plantean y/o a los procedimientos administrativos y procesos judicial en los que no haya recaído  hasta esa fecha resolución firme.

 

Carmen González Poblet ( @CLCgonzalez )

Abogada de Derecho de Familia en Madrid

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